¿Es esto realmente una reforma?

Mariano Rosenzvaig

Columnista Invitado

Hablar de reforma inmediatamente me lleva a pensar en un cambio profundo. Un sistema que posterior a un proceso de revisión, de redefinición, entrega una nueva forma de abordar un objetivo. Estos días hemos estado algo bombardeados por una gran cantidad de discursos respecto de lo que se ha publicitado como una ‘gran reforma tributaria’, con cadena nacional incluida.

Mirando un poco en detalle, se puede ver que los cambios no son tan grandes, que la recaudación tampoco es tanto más grande, y que en realidad son más los impuestos que bajan que los que suben. (okey, digámosle perfeccionamiento mejor, u otro eufemismo igualmente vacío de contenido). Un elemento que sí asoma como algo interesante es que se ha dicho que el 100% de lo recaudado será destinado a educación. Sobre este tema específico trata esta columna, pero primero es necesario hacer algunas precisiones.

No me voy a detener a entregar una opinión muy detallada sobre los cambios a cada uno de los impuestos, no soy experto en la materia, y tampoco es el tema de fondo de la columna. Sin embargo, si le interesa saber que pienso de la reforma, puede ver en este video, si es que aguanta más de 20 segundos.

Escapando a los tecnicismos, no puedo dejar de decir algunas cosas generales de nuestra realidad tributaria. En países como el nuestro, con economías de mercado, la recaudación tributaria es la principal herramienta que permite corregir las desigual distribución en los ingresos. Es decir, lo que el mercado no puede ni pretende garantizar, el Estado pretende corregirlo vía gasto social, transferencias, etc., mejorando de ese modo la distribución de ingreso del país. Una particularidad de Chile, al compararse con otros países (como Dinamarca, por ejemplo), tiene niveles similares de desigualdad, previo a la recaudación de impuestos. La gran diferencia es que al redistribuir estos impuestos, Dinamarca disminuye en 30% esta desigualdad, y Chile apenas 1%, o sea, el principal mecanismo redistributivo (los impuestos) tiene casi nulo efecto en corregir la distribución del ingreso en nuestro país. En esta columna de Kenzo Asahi se explica muy bien este punto.

Otro elemento muy particular que ocurre en materias tributarias en nuestro país (entre muchos, por cierto) es la existencia de una serie de artilugios que permiten disminuir la carga tributaria a pagar. Esto no es evadir impuestos, lo que es un delito, sino eludirlos, que no tiene ninguna pena, pero que en la práctica provoca un tremendo daño a las arcas fiscales, y en último término, a los intereses del país y sus ciudadanos. Acá pueden ver un artículo de CIPER que explica de manera muy didáctica como funciona este mecanismo.

Un tercer elemento que atenta contra el sentido común de cualquier ser humano es que en Chile los impuestos de las empresas se pagan sobre las utilidades, siempre y cuando éstas sean retiradas por sus dueños, y no sobre la producción bruta. Es decir, si una empresa acumula sus utilidades, simplemente, no paga impuestos. Aún más complejo, el dueño de la empresa la puede vender con sus utilidades como parte del valor patrimonial, y seguirá sin retirarlas, y por tanto, sin pagar impuestos (a esto se puede agregar también que pueden descontar IVA). En la práctica, esto ocasiona tremendas distorsiones, y hace que la carga tributaria termine siendo mucho más pesada para quienes tienen menos ingresos (personas naturales, asalariados), que no tienen como ‘planificar’ sus impuestos, y que pagan IVA en todo lo que consumen.

Volviendo a la actual ‘perfeccionamiento’, el foco de esta columna es mirar uno de los elementos que más ha permeado el discurso público, y que es precisamente su aporte a la educación en Chile. El proyecto está aún en su fase cero (un anuncio y proyecto por despachar), y no se sabe exactamente cual va a ser el resultado final después de la discusión parlamentaria, pero hay algunos elementos que fueron entregados en el anuncia en televisión que pueden orientar un poco el análisis de lo que implica esta propuesta.

En primer lugar, no se puede entender ésta sin mirar también el contexto en el cual surge. El año pasado fueron los estudiantes (sí, los vagos esos) los que metieron el tema de la reforma y la necesidad de revisar profundamente el financiamiento de la educación en Chile, y la primera respuesta fue un no categórico. En su momento se decía que las demandas de educación debían ser cubiertas con el crecimiento económico del país. Mucha agua y un par de ministros pasaron bajo el puente, y ahora sí tendremos plata de impuestos destinados a educación.

Los comentarios que expongo acá son en base al discurso presidencial, no he podido encontrar un documento oficial en donde se expongan de manera más detallada cuales son los aportes para educación, y cómo estos recursos van a lograr generar un cambio en nuestro sistema (dejo planteada también la pregunta respecto de si los montos proyectados serán suficientes para lo que se propone).

En base a este análisis, el primer elemento que asoma es el aporte al sector de educación parvularia (no diga preescolar por favor, la educación parvularia es parte de la escuela). El anuncio plantea el compromiso de “garantizar cobertura gratuita y de calidad en la educación preescolar a todos los niños pertenecientes al 60% de los hogares más vulnerables y de clase media.  Esto significa aumentar en más de 75 mil los cupos en kinder y pre-kinder, entre el 2012 y el 2014, y en un 20% el monto de esa subvención.  Esto beneficiará a más de 300 mil niños”. Sin duda un aporte importante. Punto bueno.

Por otra parte, también se propone un incremento en la subvención preferencial en un 21%, dentro del compromiso de duplicarla en 8 años (compromiso que excede el período gubernamental). Se habla también de un aumento en la cobertura de esta subvención a 700 mil nuevos estudiantes, pero no se indican mayores detalles de cómo se llevará a cabo este proceso.

Otro de los cambios anunciados es la cobertura de becas a estudiantes del 60% de los hogares más vulnerables, para que estudien en universidades, institutos y centros de formación técnica con exigencias de mérito en puntajes PSU (sí, en PSU, no es broma esto). Dentro del paquete de cambios también se agregan las modificaciones al CAE que fueron ampliamente anunciadas también por el Ministro de Educación (recomiendo leer las columnas de José Ossandón sobre este tema).

Lo anterior no escapa a medidas esperables, que formaban parte de un discurso que ya habíamos escuchado, pero para que no nos dejáramos de sorprender, la propuesta agrega también uno de los elementos más bizarros que el sistema educacional más segregado del mundo podría agregar: un subsidio a la educación particular, no sólo la subvencionada, sino también la pagada. Entendamos bien, esto es un subsidio a la segregación.

El anuncio se plantea como algo tibio, a través de lo que se denomina un “incentivo a la educación y a la familia, al permitir a las familias de clase media descontar de sus impuestos hasta el 50% de los gastos que efectúan en la educación de sus hijos”. Independiente que después se aclaró que los montos no son gran cosa (algo así como 100 mil por niño, por año), una propuesta de estas características es simplemente inaceptable. Y esto es más grave aún cuando se habla de la clase media, un concepto que ya no mantiene ni el significado ni el simbolismo con el que fue acuñado y utilizado. Este beneficio iría a las personas que tributan por su renta, o sea, al 18% de mayores ingresos del país (¿Clase media?).

La pregunta de fondo es si esto es realmente necesario o prioritario dentro de los cambios propuestos. En mi opinión, no. Se está subsidiando a gente que realmente no requiere de este beneficio, ya que tiene la posibilidad de financiarlo de manera individual (me incluyo en este grupo). En buen chileno, esto es un perfecto ejemplo de que el chancho está horriblemente pelado.

Este anuncio es una apología a la injusticia social: darle más a los que más tienen y que no lo necesitan. En rigor, quienes han diseñado esta política, son a su vez beneficiarios de ella, algo que desde cualquier punto de vista da para levantar sospechas. Por otra parte, este beneficio puede también inducir a los colegios particulares a aumentar el valor de su matrícula a costa del Estado (y en términos concretos, de todos nosotros) que estará financiando ese monto adicional. Por último, es ponerle también una guinda a la segregación, no sólo omitiéndola en el discurso, sino que perfeccionando las condiciones en las que opera en nuestro sistema. Si existe una opción pública y gratuita, no es posible que se subsidie una decisión privada. Simplemente no.

En conjunto, todas estas medidas muestran un preocupante sesgo a entender la educación como un problema económico, y no multidimensional como realmente es. Las medidas pretenden hacerse cargo de problemas que sólo muestran un diagnóstico financiero, y que por tanto, sólo se plantean soluciones desde este punto de vista. En este diagnóstico, que nuestro sistema tenga niveles de segregación brutales no es un problema. Como tampoco es un problema que las universidades formen profesores con menos que lo básico requerido para enseñar tampoco; que se publiquen rankings de escuelas en base a un test; que privados puedan lucrar con platas del Estado entregando servicios que no cumplen con ningún estándar de calidad entre muchas otras cosas con las que nuestro particular sistema educativo nos sorprende al mirarlo más en detalle.

Si pensamos la educación desde una matriz colectiva, como el soporte del desarrollo de nuestro país, la reforma debe estar enfocada en otros aspectos. La palabra calidad abunda en todos los discursos, pero no es posible entenderla en un sistema segregado y desintegrado como el nuestro. Esto atenta desde la base contra cualquier idea posible de calidad. En mi columna anterior abordo con más detalle lo que considero son las definiciones que deben abordarse para nuestro sistema, y en esta profundizo en nuevos elementos. En definitiva, es necesario sacudirnos de los supuestos que nos llevan a mirar el problema sólo desde una mirada economicista, y entender que es necesario ver que tanto los diagnósticos como las soluciones deben considerar una mirada al sistema en su conjunto, considerando factores sociales, culturales, económicos, entre muchos otros.

Sólo de este modo podremos ser capaces de hablar de una reforma, que revise y modifique la estructura de un sistema que nos está llevando a la reproducción de una segregación social y de una desigualdad que es el principal problema de nuestro país en el presente, y con certeza, también lo será en nuestro desarrollo futuro.