El autoritarismo frente a la democracia constituyente

Eduardo Alvarado Espina

Columnista invitado

En los próximos días se amplificará el debate constitucional entre los actores de la opinión publicada chilena, ya que la candidatura de Michelle Bachelet dará a conocer un informe constitucional que, entre otras cosas, propondrá un mecanismo plebiscitario para convocar una Asamblea Constituyente que genere una nueva constitución para el país. Esto provocará que la demagogia autoritaria de la oligarquía hable de inconveniencias en el mecanismo y en la formulación de un texto constitucional distinto al actual.

La historia constitucional de Chile no conoce de marcos normativos generales que hayan tenido su génesis en la soberanía popular, es decir, el país nunca ha tenido una constitución democrática. Los textos que han fijado todo el marco institucional y el orden social han sido generados por una pequeña minoría organizada o élite que ha procurado, en términos generales, favorecer sus propios intereses, ya fueran estos económicos o políticos. Todo esto obliga a los actuales ciudadanos no tan sólo a preguntar sobre, sino también, a cuestionar la legitimidad democrática de la estructura que se ha impuesto a la sociedad chilena desde su independencia.

El autoritarismo constitucional en Chile

De las tres constituciones que ha conocido el país, desde que se consolida un Estado autoritario en la primera mitad del siglo XIX, ninguna de ellas ha contado –ni a requerido al parecer– de la aprobación soberana de lo que se puede denominar como «pueblo». Así tenemos que la Constitución Portaliana de 1833 conjugó un amplio poder en la autoridad presidencial –una verdadera monarquía electa– con un conservadurismo cultural y una protección absoluta de los intereses económicos de la burguesía-terrateniente de la época. Ni parlamentarismo, ni democracia representativa, ni ciudadanía, la constitución sólo debía procurar que el poder político fuese funcional al poder económico y que las clases bajas no desafiaran el orden público conservador. Por su parte, la Constitución Presidencial de 1925 fue otro ejemplo de autoritarismo y de lucha de poder entre dos sectores de la oligarquía: conservadores y liberales. Este texto constitucional se avocó preferentemente a salvar la disputa de poder en favor de los primeros, otorgando un mayor número de prerrogativas al Presidente de la República en detrimento del Congreso, y aunque el presidente de la época, Arturo Alessandri Palma, señalara que convocaría a una amplia comisión para la elaboración del nuevo texto, la realidad nuevamente fue la de la imposición desde arriba. En último caso, la Constitución Dictatorial de 1980 fue aún más lejos, ya que impuso un modelo de sociedad totalmente arbitrario basado en dogmatismos institucionales que devolvieron el juego político a las dinámicas propias del siglo XIX y que han permitido concentrar aún más la riqueza y el poder político. Esta constitución prescribe cualquier idea básica para una convivencia democrática, más aún al realizar un plebiscito fraudulento (1981) para darle un «barniz popular» a su instauración.

Argumentar que las constituciones que ha conocido Chile han contribuido a la estabilidad política, el mantenimiento del orden público y a la modernización económica del país, es estar de acuerdo con normas de convivencia profundamente antidemocráticas y que han consolidado un modelo de Estado autoritario.

La necesidad del debate constituyente

El debate que se ha producido –por primera vez fuera de la academia– respecto al cambio constitucional, demuestra que los actores políticos –no todos por cierto– están dispuestos a entrar en un intercambio de puntos de vista que se encuentra pendiente desde la transición a la democracia. Eso sí, la desidia de los partidos, que se opusieron a la dictadura militar, para enfrentar esta situación, ya estaba pasando de ser vergonzosa a patética. 

Por otra parte, aún siguen existiendo conservadores y autoritarios que no desean ningún cambio constitucional, ni siquiera están por la labor de discutirlo, en todo el espectro político del país. Así tenemos que los detractores de la Asamblea Constituyente utilizan un argumentario demagógico de manual, usando figuras retóricas o supuestas realidades prácticas para atacar este instrumento de participación institucional. Señalan que un ejercicio político como ese pertenece a la «izquierda totalitaria», «a la legitimación de dictaduras» o «quienes lo proponen fuman opio» o que «es imposible efectuar un debate constitucional con muchas personas y llegar a un acuerdo». Al presentar estos argumentos parecen no entender lo que es una asamblea constituyente o, lo que puede ser peor, no creen necesaria la participación ciudadana en la construcción de sus propias normas de convivencia. 

Pues bien, en oposición a lo que señalan los defensores del statu quo, una Asamblea Constituyente es la consumación de un profundo ejercicio democrático, ya que involucra la participación de ciudadanos elegidos para generar un texto político y normativo que considere todos los puntos de vista organizados que existen en una sociedad. También es un ejercicio de tolerancia, al tenerse que contraponer y debatir opiniones e intereses que pueden muchas veces entrar en franca colisión, frente a la intolerancia dogmática de la imposición normativa actual. Asimismo, es un espacio político inclusivo –carece de exclusividad– al favorecer la participación ciudadana en la construcción del sistema político que debe representar los intereses de la mayoría y respetar los de las minorías. 

Avanzar hacia un país desarrollado también involucra construir las normas políticas, sociales y económicas desde la inclusión, no desde la exclusividad y la imposición del poder. Modernizarse no es sólo mostrar –muchas veces maquillados– números macroeconómicos brillantes, también es tener un sistema político a la altura de las demandas de la mayoría de la sociedad. Por ello, la instalación de un poder constituyente que emane efectivamente de la voluntad popular, sería el más profundo ejercicio de modernización democrática de toda la historia de Chile.