Un nuevo trato para las regiones

Marcelo Díaz

Diputado Partido Socialista

En mi trabajo como diputado por el Séptimo Distrito, innumerables veces experimenté, viví y observé la profunda impotencia que provoca en los ciudadanos, la asimetría con que el Estado chileno trata a las regiones respecto de Santiago. No sólo son la cantidad y calidad de las inversiones públicas de todo tipo, sino también la concentración de la oferta cultural o la atención que los medios de comunicación otorgan a Santiago, como si Chile se limitara a la capital. Las Regiones aparecen como un agregado marginal: la mentalidad de la elite chilena funciona así.

Sin embargo, los problemas de la cultura centralista no sólo radican en el indigno trato que el centro hace de las Regiones, aunque esto ya sería razón suficiente para impulsar cambios de fondo. La cultura centralista atenta contra cualquier estrategia del desarrollo del país, porque es probadamente más ineficiente y paralizante para el impulso de la economía, desaprovecha el conocimiento presente en los territorios, no hace florecer la potencialidad de las Regiones y es una de las razones de la inequidad social y económica y de la pobreza en nuestro país. No hay países desarrollados que no tengan estrategias avanzadas de descentralización.

Es una tarea pendiente para Chile y una de las más relevantes. Por eso, celebro que dentro de las medidas anunciadas por la Presidenta Bachelet para los primeros 100 días de su Gobierno esté la creación de una Comisión Asesora Presidencial que tendrá la tarea de proponer medidas de avance concreto en la dirección de la descentralización.

Es indispensable que el país avance hacia una descentralización política, administrativa y fiscal.

En lo político, debemos terminar con los intendentes designados y avanzar a un Gobierno Regional que tenga dos figuras principales (como en Francia o Colombia): la de un Presidente Regional elegido democráticamente, que es el Presidente del Gobierno Regional, y la de un Gobernador, delegado del Gobierno central que ejerce las políticas nacionales privativas como orden público y seguridad, defensa, Relaciones Exteriores y hacienda nacional.

En materia de descentralización administrativa es un criterio aceptado el de radicar las competencias en los niveles donde sirvan mejor, privilegiando el nivel local sobre el regional, y éste sobre el nacional. Pero debemos materializar este principio. Para ello es necesario tener una instancia del gobierno central que lidere el proceso de traspaso efectivo de competencias –refrendado por ley- y la generación de capacidades locales necesarias para ello. Luego, los servicios públicos, sus programas y recursos deben depender de los gobiernos regionales. El Gobierno regional debiera también designar a los seremis.

En tercer lugar, esto no se puede hacer sin recursos. En materia fiscal, se deben traspasar recursos de decisión autónoma e instituir recursos de gestión propia a los municipios y gobiernos regionales.

Respecto de las inversiones que se realizan desde el gobierno central, debemos asegurar la provisión de bienes públicos de calidad con criterio de equidad horizontal territorial, para terminar con la agraviante práctica que discrimina en esta materia a las Regiones.

También ya es momento de aumentar el porcentaje del PIB destinado a los gobiernos locales del 12,8% actual a una meta de 20%, tomando como referencia el porcentaje promedio de los países desarrollados.

Respecto de los recursos para el Gobierno Regional, hasta ahora el financiamiento de los programas y actividades de éstos depende principalmente de las transferencias del Gobierno Central, y las regiones, en consecuencia, no tienen capacidad significativa para recaudar recursos propios destinables a los objetivos estratégicos del desarrollo regional o para incrementar su patrimonio propio. Esta dependencia excesiva desincentiva la iniciativa y creatividad de gestión autónoma, así como la capacidad de apalancar y traer recursos e inversiones externas. Por ello, debemos avanzar a una ley de rentas regionales para que los gobiernos regionales capten recursos por concepto de derechos, tributos, tasas, ingresos y cobros de servicios.

Otras acciones relevantes que podemos impulsar es formular un Presupuesto de la Nación desagregado por regiones, con la participación de las autoridades regionales: avanzar en la mejora de los criterios de distribución, asignación e impactos del FNDR, y en mecanismos de convergencia entre los convenios de programación y los instrumentos de planificación (estrategias regionales).

La descentralización es un proceso largo y complejo, pero en el cual tenemos que avanzar con convicción. La posibilidad de un país más justo equitativo, sustentable y desarrollado está en juego. La elección de los consejeros regionales es un primer paso en esta dirección; ahora tenemos que impulsar una agenda más ambiciosa y de cambios profundos. Para ello será necesario aprender y fortalecer las capacidades locales y regionales necesarias y contemplar desde el inicio la coparticipación de la ciudadanía en esta gran tarea.