Entre el viejo y el nuevo ciclo político. Elecciones en Chile

Eduardo Alvarado Espina

Columnista Invitado

Las elecciones de representantes políticos parecen no ser más que un cumulo de datos útiles para la distribución de escaños, poder y egos entre las élites políticas. No obstante éstos son algo más. También permiten diagnosticar y proyectar el estado de salud de un sistema político. Y sus consecuencias son las que cobran relevancia en cada etapa histórica de un país, sobre todo en lo que respecta a la legitimidad de su modelo de representación y su mayor o menor correspondencia con las mayorías sociales. La movilización del electorado, sus preferencias y la distribución final de cargos, en esta última elección, otorgan la mejor radiografía del anterior y el presente ciclo político chileno.

Para analizar el último proceso electoral en Chile hay que partir señalando que estas elecciones presidenciales y parlamentarias han sido las primeras en que se mide la legitimidad representativa del sistema político a través del mecanismo de inscripción automática y voto voluntario, y el resultado no ha sido positivo en lo que se refiere a la movilización del electorado, sobre todo si se compara con los producidos cuando existía la obligatoriedad del voto. La participación no superó el 49% del total de personas habilitadas para sufragar en la elección presidencial –electores que superan mayoritariamente los 40 años y que mantienen altos niveles de fidelidad con los partidos tradicionales de los últimos 25 años–. El bajo nivel de participación también se explica por la alta abstención de clase. Por ejemplo, se puede observar que la participación electoral es más baja en comunas de escasos recursos económicos, donde la abstención supera el 60%, mientras que en comunas económicamente ricas no alcanza el 20%.

 

Otro elemento a destacar es que el triunfo de Bachelet, con una primera mayoría relativa de un 46,67%, se ha sustentado en el sufragio de los ciudadanos que se sitúan en los estratos socioeconómicos más bajos –con altas votaciones en regiones– y entre aquellos que responden con mayor facilidad a estímulos más emocionales al momento de optar políticamente. También hay que señalar que la mayor parte de sus electores parecen reconocerse ideológicamente –del mismo modo que los de Matthei– dentro del clivaje que impuso la dictadura militar –desde el Golpe de Estado de 1973 hasta el Plebiscito de 1988– que en función de las actuales rupturas políticas, sociales y culturales que vive el país. Este es otro factor explicativo de la escasa movilización electoral de la mayor parte de jóvenes excluidos de los beneficios del crecimiento económico del país. 

En tanto, el mal resultado electoral obtenido por la candidata de la derecha tradicional (25%) es fiel reflejo del divorcio político entre los sectores liberales y conservadores de este sector político. La simbiosis entre RN y la UDI, así como de sus apoyos independientes, pareció ser menos importante que la supremacía parlamentaria de uno u otro partido durante el próximo periodo presidencial. Esto también deja al descubierto que el actual Gobierno tiene un apoyo electoral absolutamente minoritario, ya que ese 1.645.271 de votos de su candidata representa sólo un 12% del padrón electoral total.

Asimismo, los resultados electorales alcanzan niveles que pueden considerarse aciagos a instancia parlamentaria. La abstención a nivel senatorial alcanzó más del 60% en términos globales, mientras que en el caso de los diputados ésta fue similar a la presidencial. A esto se agrega que, más allá del triunfo individual de cuatro ex dirigentes estudiantiles y un dirigente social que incorpora cierta novedad al nuevo Congreso, el recambio parlamentario es más un efecto de luces que una realidad. Sólo el 27% de los futuros diputados se estrenan en esa instancia y sólo cuatro de los veinte senadores electos es nuevo en el Parlamento. Todo esto significa que la élite política ha logrado reelegirse, aunque esto esté acompañado de un alto rechazo al modelo y la dinámica política que se instaló a partir de la transición.

Es así como la baja participación deja en evidencia el escaso reconocimiento que tiene el actual sistema político para la mayor parte de los ciudadanos, ya que la no concurrencia de más del 50% del padrón electoral denota tanto un alto desinterés, como un fuerte cuestionamiento a la representación como forma democrática excluyente. Esto puede interpretarse como el fin simbólico de todo el ciclo político que se inició con el primer gobierno de la transición –allá por 1990– y, dependiendo del uso de las nuevas mayorías parlamentarias, el inicio de un nuevo modelo institucional.

El nuevo ciclo político

Los resultados electorales describen un nuevo escenario político en el país. Esto no sucede por la presión de los que se han auto marginado de los procesos electorales durante los últimos 20 años –los jóvenes siguen mayoritariamente sin participar de ellos– sino por el giro copernicano provocado por los mismos electores de las últimas décadas. Así, más que el triunfo de Bachelet, es la aplastante derrota presidencial y el bajo rendimiento parlamentario de la derecha tradicional, lo que abre una perspectiva positiva al cambio de ciclo político.

Sin embargo, para llegar a concretar las posibilidades de transformación política –sobre todo para conseguir la legitimación y la inclusión de todos los sectores de la sociedad chilena– debe avanzarse en las lógicas que se han instalado, tanto en las élites políticas de izquierda, como en las vanguardias intelectuales, en favor de dichas transformaciones. Esto significa 1) aprovechar la fuerza y el mantra de ideas que han impuesto los nuevos parlamentarios del movimiento social, 2) ampliar las sintonías parlamentarias de pacto mayoritario hacia grupos de derecha abiertos al cambio institucional, 3) mantener cierta unidad programática en el futuro gobierno de la Nueva Mayoría, y 4) profundizar en el debate filosófico-político diferenciador en vez de discutir el dato superficial para cada reforma que se proponga.  

En el próximo gobierno de Bachelet –no existe ningún dato objetivo que haga pensar que no ganará en segunda vuelta– y las mayorías parlamentarias que ha obtenido su pacto político, jugarán un rol de transición entre el viejo ciclo político, iniciado al finalizar la dictadura, y el que emergió una vez instalado éste último gobierno de derecha. Pero no se podrá avanzar sólo con la inercia de lo propuesto, se deberá cumplir con lo prometido evitando la ambigüedad. Así Bachelet contará –al menos en el papel– con las mayorías parlamentarias necesarias para iniciar transformaciones legales que se han pospuesto por carecer de esas mayorías y, consiguiendo un par de votos más en el Senado, hacer transformaciones sustanciales a un sistema social que ha aumentado las desigualdades, al castigar al pobre y premiar al rico. Es la última oportunidad de cumplir –esta elección ha conseguido un crédito político con carácter de rescate– con el grueso de los cambios que se propusieron en la última década del siglo pasado. Y cuentan con las condiciones institucionales que lo posibilitarían, puesto que entre los grandes perdedores en esta última elección están los grupos políticos que más han defendido el status quo social, como la «UDI de los coroneles» y la «DC de los guatones».

En definitiva, son la voluntad política y el triunfo electoral de la Nueva Mayoría los elementos que definirán el rumbo que tomará el nuevo ciclo político del país, ya sea para sentar las bases de un nuevo sistema político más legítimo e inclusivo (nueva Constitución y nuevo sistema económico) o claudicar en el intento. Esto último, sin embargo, podría provocar la involución de la sociedad hacia formas políticas primitivas y antidemocráticas, como el fascismo y el nacionalismo. No es exagerado señalar que estas últimas elecciones no sólo definieron la composición del poder durante los próximos cuatro años, sino también la fuente y la relación del poder para una sociedad que ha cambiado.